Por Nicolás Roibás – El recital en homenaje a la Mona Jiménez en la 9 de Julio generó una polémica que no es nueva con respecto al Estado, la Cultura y el gasto.
Este es un tema que viene ya desde hace tiempo y que la política, más allá de ese caso puntual, no está sabiendo resolver: la población se indigna cuando se contratan artistas desde el Estado para espectáculos que parecen una “mojada de oreja” en tiempos de crisis.
En los últimos 30 años, las políticas culturales tuvieron diferentes estilos: Dario Lopérfido y Hernán Lombardi fueron precursores de las políticas de festivales y espectáculos que se fueron incorporando a la escena cultural de la Ciudad. Más tarde, se instaló el modelo kirchnerista que, así como en todo, consistió en un Estado cuya principal política fue la del subsidio y el amiguismo. El kirchnerismo le hizo creer a la población que tenía la obligación de “bancar” a los artistas. Así se justificaron gastos millonarios en contratos artísticos, espectáculos, producciones audiovisuales, entre otras cosas. Todo atravesado por una justificación nacional y popular que hoy por suerte se está poniendo en duda.
El problema fue que todas estas visiones, tanto la de los festivales, la de los subsidios y finalmente la de la llamada “economía creativa”, se fueron incorporando a los Ministerios de Cultura como capas geológicas inamovibles. En el imaginario de los funcionarios, Cultura era todo eso y no había discusión al respecto. Otra vez un Estado queriendo abarcarlo todo y con resultados magros.
Pero estamos viviendo un cambio de época y es momento de poner todo esto en discusión.
No estaría mal preguntarnos si debe ser el rol del Estado, por ejemplo, el de ser un productor de espectáculos. ¿Por qué debiera hacerlo? Quienes creen que si, argumentan que es necesario para acercar la cultura a una la población que no puede acceder a ese tipo de propuestas. Pero ¿Quién es el Estado para decidir qué cultura deben consumir estos sectores ? Además hay muchas formas diferentes, actuales, e infinitamente más baratas de hacerlo hoy gracias a la tecnología.
Parece al menos inmoral que el Estado le pague a artistas que tienen capacidad de vender tickets y encima termine haciéndolo en muchas veces por arriba de los valores del mercado. Y también parece un pésimo hábito que el Estado contrate regularmente a artistas amigos como abonados. ¿Ese es el rol que queremos para un Ministerio de Cultura? En su momento, como funcionario, propuse una idea que no prosperó y que tenía que ver con establecer un tope monetario anual a las contrataciones artísticas, es decir que haya un monto del cual el Estado no se puede pasar a la hora de hacer contratos artísticos, porque hay que tener un sentido de oportunidad en estas cosas. Hay que establecer prioridades y el Estado de un país pobre no puede andar gastando millones de pesos en pagarle a un cantante y la puesta técnica que conlleva un espectáculo masivo. Lo vimos con los shows de la princesita en municipios a los que todavía le faltan cloacas y agua potable.
Pero además, estamos viviendo una transformación en todo sentido. En términos culturales se vive la revolución de lo NFTs, las plataformas de streaming, entre otras cosas. La visión analógica de un Estado organizador de eventos es algo que tenemos que poner seriamente en discusión, más allá de los festivales que están establecidos, que tienen prestigio y que funcionan como una marca. Siempre es preferible un Ministerio de Cultura enfocado en dar herramientas que en ser el principal empleador. Por eso es que hay que erradicar la palabra “gratis” de los espectáculos de acceso libre que organiza el Estado porque lejos están de ser gratis estas iniciativas. Pero además, esconden en esta falsa declamación de gratuidad una intención electoral.
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En la cultura gratis no hay nada. Creo yo que en un país pobre, el Estado no debería gastar millones en espectáculos en un contexto de crisis y carencia como el que vivimos hoy. Escribí sobre esto en @blog_piweb
— Nicolás Roibás (@NicoRoibas) May 30, 2022
